Luz y Fuerza del Centro

Pablo Ugalde*

Quizá abonar a la discusión sobre el cierre de Luz y Fuerza del Centro pueda resultar difícil. Desde que el domingo 11, Fernando Gómez Mont anunciara la desaparición de dicha empresa por decreto presidencial, todos los medios han dedicado gran parte de su espacio noticioso a este tema. También lo han hecho muchas de las voces más fuertes de la agenda pública (entre políticos, académicos, periodistas y otros líderes de opinión). Si revisáramos las editoriales y columnas de los periódicos de la última semana, notaríamos que prácticamente todos los colaboradores que tratan asuntos públicos se han encargado del tema (Manuel Camacho Solís, Jorge Chabat, Denisse Maerker, Alejandro Encinas, César Nava, Alberto Aziz Nassif, José Carreño Carlón, Mauricio Merino, Ricardo Alemán, Macario Schetttino y Porfirio Muñoz Ledo, sólo por mencionar algunos de los articulistas que publican en el Universal).
Las posiciones están muy definidas tanto entre los que respaldan la medida como entre quienes se oponen a ella (habiendo entre estos últimos distintas posiciones también). Podemos recoger, por ejemplo, a favor del cierre, los más de 40,000 millones de pesos en subsidios que recibía LyFC y que serán ahorrados (aunque si consideramos que estos eran para la compra de energía eléctrica, sólo faltarían un adecuado sistema de tarifas y la eliminación de los privilegios empresariales para poder considerar a esa transferencia como una política de redistribución del ingreso. Y aquí las culpas por un mal sistema tarifario, así como por excepciones y privilegios a grandes empresas no se pueden partir entre todos: son temas sólo de responsabilidad gubernamental y tanto la paraestatal como el sindicato no tienen mayor injerencia en ello).
También podemos sumar a favor de la decisión el lastre en que se había convertido la empresa para el desarrollo del centro del país. Son 100,000 los empleos que no fueron creados en la región por deficiencias de la empresa, asegura Felipe Calderón, aunque no define si se perdió su generación antes o después de que en junio pasado la SFP reconociera a LyFC con una calificación del 93.8% (como lo afirma PML en su nota del sábado 17 del Universal) por el cumplimiento de las metas para mejorar dicha empresa, de un acuerdo pactado entre el sindicato, la paraestatal y el gobierno federal. Esto es, la Secretaría de la Función Pública avalando a una empresa y a un sindicato por sus mejoras en materia de eficiencia administrativa, pero también por su disposición al diálogo y al pacto, y más aún, su compromiso a cumplir lo pactado. Tres actitudes esenciales para el desarrollo democrático, y que no estuvieron presentes el “sabadazo”, día en el que sin mediar razón judicial, las instalaciones de LyFC fueron violentadas por órdenes del presidente.
Prescindiendo de adjetivos y de retórica esto es lo que sucedió: sin la peligrosa genialidad del PRI más autoritario de otras décadas, pero con la misma eficacia y desapego a los valores democráticos, el presidente ha impuesto de manera arbitraria su decisión, dispuesto a pagar los costos políticos que esto le acarreé, sin mediar un intento previo por conseguir una solución concertada, utilizando el engaño y la simulación (léase la recepción de la delegación sindical por parte de Bravo Mena) y bajo el cobijo de los monopolios de las telecomunicaciones, que siempre serán fieles a aquel que demuestre capacidad para ejercer el poder. En esta decisión el presidente muestra su capacidad para imponerse, y motiva a que Javier Alatorre, Joaquín López Dóriga y Pedro Ferriz de Con le aplaudan ante sus masivos auditorios, alineando la opinión pública a la del hombre del poder, y reconociendo incluso, explícitamente, lo valioso que es que el presidente sepa tomar decisiones, aunque estas sean claramente antidemocráticas (si no es que incluso ilegales, como algunos opositores también afirman).
Así, la discusión puede tomar otros rumbos. Es importante discutir si era necesario o no el cierre de LyFC. También es importante discutir si la forma en la que FCH decidió darle solución al problema de la paraestatal fue la adecuada. Hace falta además, hacer una profunda revisión del entorno sindical en México. Pero es más importante aún preguntarnos si FCH representa en sus acciones la sociedad que queremos formar. Preguntarnos si estamos satisfechos con que haya “apagado” LyFC de un soplido, o si hubiéramos deseado ver una comisión de trabajo incluyente en donde se definiera el futuro de la empresa pública. Si queremos a un gobierno promoviendo soluciones de 5 minutos, como nos lo prometiera desde su sexenio Vicente Fox, o a uno capaz de sacrificar el tiempo y el esfuerzo necesarios para generar consensos reales y no imposiciones mediáticas. Si estamos dispuestos a que los medios de comunicación se paren firmes detrás del presidente, o si queremos que lo hagan detrás del poder ciudadano, porque sea el ciudadano el que ejerza el poder en este país.

Pablo Ugalde, es estudiante de séptimo semestre de la carrera de ciencias políticas y gestión pública ITESO

VALENTIA ARGENTINA

Para avenida24.com
16-10-09

Lo que ocurre en los países de la América hispánica puede resultar para nosotros un importante punto de referencia. Vernos en ese espejo será siempre de gran utilidad para poder entender, desde esa perspectiva, nuestros propios procesos sociales.
Compartimos con todos ellos los mismos rasgos esenciales mutatis mutandis (o sea: cambiando lo necesario) como dicen todavía los viejos abogados. Compartimos el mismo origen histórico colonial, la misma lengua, la misma cultura religiosa (al margen de las creencias personales de cada quien), nos servimos de la misma estructura jurídica derivada del derecho romano y tenemos instituciones republicanas parecidas.
Sobre todo, arrastramos la misma vergonzosa desigualdad social, enraizada en aquella oprobiosa sociedad colonial de castas, que todavía está tan presente (en diversos grados) en nuestra vida actual.
Por eso, vale la pena enfocar nuestra mirada para ver lo que acaba de ocurrir en Argentina, en una larga batalla parlamentaria que culminó el pasado día 10 a alas 2.30 de la madrugada.
El senado de esa República aprobó por 44 votos contra 24, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no sólo cierra la etapa oprobiosa de la ley impuesta por la dictadura militar y sus consecuencias neoliberales, sino que termina con los oligopolios y establece un máximo de 35 por ciento para una sola empresa en el espectro televisivo abierto.
La lucha cívica fue larga: más de 20 años en que numerosas agrupaciones ciudadanas forcejearon, con más de 80 foros y cientos de reuniones, hasta que hace 4 semanas fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora por el Senado. La votación final ocasionó gritos de alegría y cánticos de quienes esperaban la ocasión a las puertas del recinto.
Según narra la corresponsal Stella Calloni, la nueva ley significó para los manifestantes “una derrota para los poderosos multimedios”. El nuevo ordenamiento elimina los monopolios en televisión y radio a favor de la pluralidad. Sobra decir que los voceros de los poderosos intereses afectados alegaron atropellos a la libertad de expresión; cosa que ya resulta conocida por estas latitudes.
La ley abre la participación en tercios iguales del espectro radiofónico: a emisoras sin fines de lucro, a las comerciales y a las estatales. También se reconoce el derecho de los pueblos originarios a contar con sus radios comunitarias, porque la libertad de expresión es “un derecho de todos y no de un grupo”.
Las licencias tendrán una duración de 10 años y su renovación estará sometida a la opinión de los oyentes o televidentes en audiencias públicas. La autoridad apara ello contará con 3 representantes, cada uno de cada fracción parlamentaria de las tres mayoritarias simples. Cada empresa mercantil podrá contar con un 35 por ciento máximo del espectro. Quien tenga licencia de señal por cable no podrá contar con canal abierto. Ni quien tenga canal abierto contará con señal por cable.
Los contenidos de radio serán en un 70 por ciento de producción nacional. En la televisión abierta el contenido nacional será de 60 por ciento.
Ojalá nuestros legisladores consideren oportuno lo hecho valientemente por la representación nacional de este país hermano para “democratizar definitivamente los medios en Argentina”, después de que una sociedad civil con convicciones democráticas logró empujar hasta alcanzar esta victoria sobre los intereses creados distorsionadores de la auténtica libertad de expresión.

Esteban Garaiz

Liturgia Patriotera

Sergio Padilla / Profesor de la licenciatura de ciencias política y gestión pública

Una vez más, la liturgia de exaltación de la patria se llevó a cabo para religar a los mortales comunes con nuestros grandes deidades nacionales, a través de las manos consagradas de nuestros gobernantes. Cómo no recordar a nuestros mitos y héroes que son hacen clamar de lo más profundo por nuestra mexicanidad. Pero ¿qué sería de todos ritos sin la presencia de las televisoras mexicanas? ¿Cómo dejar de lado la figura de conductoras y conductores que detrás de sonrisas pagadas y a través de epítetos que rayan en la cursilería, repiten como monaguillos del sistema la grandeza de México?
Verde, blanco y rojo, banderas, cornetas y antojitos, tequila, sombreros y canciones con mariachi son parte de un ritualismo exaltado por las pantallas de la televisión, sagrado aparato que está presente cuasi en altar en la mayoría de los hogares mexicanos. Nos repiten que celebramos 199 años de libertad; paro al ver la dependencia de México respecto a la economía de nuestros odiados y admirados gringos, al ver la dependencia que tenemos ante los dictados de los partidos políticos y los gobernantes emanados de ellos, al ver la dependencia de nuestro futuro al cada vez más escaso petróleo, al ver el secuestro del sistema educativo por una lideresa ignorante y corrupta, pregunto: ¿de verdad hay una independencia por celebrar? Mejor apago la tele…